El Tribunal de Instancia de Novelda instruye diligencias por un presunto delito de odio respecto a una mujer transgénero, Daniela, que se suicidó con 21 años en 2022 y a la que sus familiares identificaron con su necrónimo, su nombre previo a la transición, en el panteón familiar del cementerio de Aspe en el que fue enterrada.
La investigación, seguida en la plaza número uno de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, se inició a instancia de la denuncia presentada por la asociación Euforia Familias Trans Aliadas ante la Fiscalía, tras tener conocimiento de los hechos a través de una amiga de la fallecida.
El Ministerio Público asumió ese escrito y dio traslado al juzgado de su propia denuncia el pasado mes de mayo, según ha explicado la presidenta de la asociación, Natalia Aventín.
La denuncia, apunta a que los progenitores adoptivos de la fallecida habrían procedido a sepultarla en el cementerio municipal de Aspe «llevando a cabo actos de negación de su identidad». En concreto, según sostiene el acusador público, «utilizaron de forma consciente, premeditada y deliberada en la inscripción de su lápida su necrónimo», es decir, el nombre registral original que se le confirió tras su nacimiento, a pesar de que la joven había completado el proceso administrativo de cambio de identidad.
Además, la denuncia sostiene que los padres adoptivos exhibieron «públicamente en dicho sepulcro» fotografías antiguas «en las que la víctima presentaba un aspecto y expresión de género marcadamente masculina, ajena por completo a su identidad autopercibida, social y legalmente reconocida en sus últimos años de vida».
A estas circunstancias, que según la Fiscalía escaparían del ámbito privado, se sumarían declaraciones posteriores de los padres en medios de comunicación de difusión nacional, en las que se habrían referido a la joven «empleando el género gramatical masculino de forma reiterada y constante, negando e invalidando abiertamente su identidad de género, y reduciendo su realidad existencial a una mera patología».
En este sentido, Aventín ha indicado que la joven llegó a quedar bajo la tutela administrativa de las autoridades de Cantabria hasta que alcanzó la mayoría de edad, al ser esa la comunidad autónoma en la que residía la familia.
En el escrito de denuncia, la Fiscalía pide que se llame a declarar a los padres en calidad de investigados y que se solicite el certificado de inscripción del nombre real de la fallecida, así como el certificado de la propiedad del nicho en el que se encuentra enterrada la joven, entre otros extremos.