Esquerra Unida ha reunido en Novelda a representantes municipales, autonómicos y estatales para mostrar su rechazo a los proyectos fotovoltaicos de La Cascada y La Balsa, dos macroplantas que afectarían principalmente a Novelda, Aspe y Monforte del Cid. Este lunes se han pronunciado Alicia Mendoza, coordinadora de EU Novelda; Antonio Puerto, alcalde de Aspe; Juanjo Hernández, alcalde de Monforte del Cid; Rosa Pérez, coordinadora de EU País Valencià; el diputado nacional Nahuel González; y Miguel Lucas, presidente de la asociación de vecinos afectados.
La formación defendió su apuesta por las energías renovables, pero rechazó que su implantación se haga a través de grandes proyectos sobre suelo agrícola, zonas habitadas y espacios de alto valor paisajístico. Antonio Puerto advirtió de que las instalaciones supondrían una “aberración” para el territorio y afectarían a más de tres millones de metros cuadrados, mientras que Juanjo Hernández reclamó una planificación energética que cuente con los ayuntamientos y respete sus competencias urbanísticas.
Los representantes municipales coincidieron en que el desarrollo de la energía solar debe priorizar los tejados, los edificios públicos y los espacios ya transformados, y no ocupar tierras productivas. En este sentido, alertaron del impacto que estos proyectos tendrían sobre cultivos activos de uva de mesa con denominación de origen, viviendas diseminadas y zonas de regadío, además de las líneas de alta tensión asociadas a la evacuación de la energía.
Miguel Lucas, en representación de los vecinos afectados, denunció que muchas viviendas y explotaciones agrícolas quedarían condicionadas por unas instalaciones que transformarían una zona residencial y agrícola en un entorno industrial. Por su parte, Nahuel González anunció que Izquierda Unida ha registrado más de veinte preguntas parlamentarias al Ministerio para la Transición Ecológica y pidió una posición clara en defensa del territorio. Rosa Pérez aseguró que EU continuará trabajando desde los ámbitos municipal, autonómico y estatal para frenar unos proyectos que, según la formación, responden al interés de grandes empresas y no al bienestar de la ciudadanía.